Un país que aumenta su presupuesto, pero ¿está invirtiendo en su futuro?
La educación ante el Presupuesto General de la Nación de 2027, entre las cifras que crecen, la inversión que se reduce y las oportunidades que Colombia no puede seguir aplazando.
Hay decisiones políticas cuyos efectos no se perciben inmediatamente, pero que terminan definiendo el destino de generaciones enteras. La aprobación del presupuesto nacional es una de ellas.
Mientras en el Congreso se discuten billones de pesos, en miles de instituciones educativas colombianas se desarrolla una realidad mucho más concreta: docentes que buscan recursos para enseñar, estudiantes que necesitan mejores condiciones para aprender, familias que esperan que la educación represente una oportunidad real de movilidad social y universidades que intentan sostener sus compromisos académicos e investigativos.
Entre esas dos realidades existe una distancia que debería preocuparnos profundamente.
En la madrugada del 20 de octubre de 2026, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos. Es el mismo monto del proyecto revisado que, según el Banco de la República, crecía un 14,2 % nominal frente a la apropiación vigente de 2026 (555,8 billones).
Sin embargo, cuando examinamos los recursos destinados al Ministerio de Educación, encontramos una situación que merece una reflexión mucho más profunda.
El presupuesto educativo aumenta, pero la inversión inicialmente proyectada disminuye.
Esta aparente contradicción nos conduce a una pregunta fundamental: ¿estamos financiando el funcionamiento del sistema educativo o construyendo las condiciones necesarias para transformarlo?
La paradoja de las cifras: más presupuesto, menos inversión
El proyecto presupuestal presentado por el Gobierno en agosto contemplaba 78,7 billones de pesos para el Ministerio de Educación Nacional en 2027, frente a los 76,5 billones utilizados como referencia para 2026. Esto representaba un incremento nominal del 2,8 %.
Pero detrás de ese crecimiento aparecía una diferencia determinante.
Los gastos de funcionamiento aumentarían de 72,9 a 75,8 billones de pesos, mientras los recursos de inversión pasarían de 3,5 a 2,9 billones. Es decir, una disminución inicial cercana al 17 % en términos nominales.
Durante la discusión final, el Congreso aprobó adicionar 100.000 millones de pesos para inversión educativa. Se trata de una decisión favorable, aunque insuficiente para compensar por completo la reducción inicialmente proyectada si se compara con los 3,5 billones de 2026.
Es importante precisar que estas cifras describen la propuesta inicial y una modificación conocida durante el trámite. La distribución definitiva por programas requiere verificar el texto final y sus anexos presupuestales.
La diferencia entre funcionamiento e inversión no es un simple asunto contable.
Los recursos de funcionamiento permiten sostener obligaciones esenciales, incluyendo personal, transferencias y operación institucional. Son necesarios y, en buena medida, garantizan la continuidad del derecho a la educación.
Pero la inversión tiene otra función: ampliar capacidades, cerrar brechas y construir nuevas oportunidades.
Una institución educativa puede mantener sus puertas abiertas, contar con docentes y cumplir su calendario académico, pero continuar sin laboratorios adecuados, conectividad suficiente, espacios dignos o recursos para desarrollar proyectos pedagógicos.
Por eso, mantener funcionando una escuela no significa necesariamente estar mejorando la educación que ofrece.
Y aquí aparece una pregunta que merece ser discutida más allá de cualquier gobierno: ¿cuánto de nuestro esfuerzo económico está dedicado a conservar las condiciones existentes y cuánto a superar las desigualdades que esas mismas condiciones reproducen?
La escuela pública: donde las cifras deberían convertirse en oportunidades
En el proyecto presentado en agosto, de los 2,9 billones previstos para inversión del Ministerio de Educación, aproximadamente 2,1 billones estaban dirigidos a calidad y fomento de la educación superior y algo más de 804.000 millones a calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
Estas cifras no representan la totalidad de los recursos que sostienen los colegios públicos, porque buena parte de su financiación se canaliza mediante transferencias y otros componentes de funcionamiento.
Sin embargo, permiten identificar el reducido margen específico de inversión disponible dentro del Ministerio para fortalecer la educación inicial y escolar.
Conviene preguntarnos qué significa esto en un territorio.
Significa que las necesidades de dotación, infraestructura, innovación y mejoramiento educativo deben competir por recursos limitados, mientras numerosas instituciones continúan enfrentando desafíos acumulados durante años.
Pero sería igualmente equivocado afirmar que todo se resuelve con mayores apropiaciones.
Una escuela necesita recursos, ciertamente. También necesita continuidad en sus proyectos, acompañamiento pedagógico, capacidad de gestión y mecanismos para evaluar si aquello que recibe realmente mejora la experiencia de aprendizaje.
La dotación tecnológica, por ejemplo, no transforma automáticamente una institución. Un computador sin conectividad, mantenimiento, formación docente o una estrategia pedagógica termina siendo una adquisición, no necesariamente una innovación.
La calidad educativa no debería medirse por la cantidad de elementos entregados, sino por las oportunidades de aprendizaje que estos permiten construir.
Y, sin embargo, sin recursos suficientes, esas oportunidades pueden quedar reducidas al esfuerzo individual de maestros y comunidades.
¿Hasta qué punto resulta razonable que la innovación educativa dependa de la creatividad de los docentes para conseguir recursos que deberían formar parte de una política pública sostenible?
La calidad del aprendizaje: una deuda que no se resuelve con discursos
Los resultados de PISA 2022, publicados por la OCDE, permiten dimensionar la magnitud de los desafíos nacionales.
En matemáticas, Colombia obtuvo un promedio de 383 puntos, frente a 472 del promedio de la OCDE. Más preocupante aún: solamente el 29 % de los estudiantes colombianos evaluados alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en esta área, frente al 69 % de sus pares en los países de la OCDE.
En lectura, el 49 % alcanzó ese nivel mínimo de competencia, frente al 74 % del promedio de la organización.
Estas cifras corresponden a estudiantes de 15 años que participaron en PISA 2022. No describen a todos los estudiantes colombianos ni pueden utilizarse para evaluar los efectos de un presupuesto que aún no ha comenzado a ejecutarse.
Pero sí muestran la dimensión de un desafío que permanece.
Detrás de estos porcentajes hay jóvenes cuyas posibilidades de resolver problemas, comprender información y construir argumentos se encuentran condicionadas por experiencias educativas profundamente desiguales.
No podemos hablar seriamente de productividad, desarrollo tecnológico, competitividad internacional o ciudadanía crítica sin preguntarnos qué estamos haciendo para fortalecer esas capacidades desde la escuela.
Un país que aspira a desarrollar inteligencia artificial, industrias tecnológicas y conocimiento científico necesita primero garantizar que sus estudiantes puedan comprender textos, razonar matemáticamente, formular preguntas y analizar evidencias.
La transformación digital de una nación comienza mucho antes de comprar tecnología. Comienza cuando un niño aprende a pensar con autonomía.
Por eso, el debate presupuestal debería incorporar compromisos verificables sobre mejoramiento del aprendizaje, reducción de brechas territoriales y fortalecimiento de las capacidades docentes.
De lo contrario, corremos el riesgo de celebrar aumentos presupuestales mientras permanecen relativamente estables las dificultades que pretendemos resolver.
Universidades públicas: ¿ampliar el acceso sin garantizar las condiciones?
La educación superior presenta otra tensión importante.
El texto aprobado reconoce una brecha cercana a 700.000 millones de pesos en las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas (salarios, servicios y operación de sedes), que no estaban del todo incluidas en la versión original del proyecto.
Este reconocimiento es positivo. Las instituciones públicas necesitan recursos para cumplir sus compromisos académicos, laborales, investigativos y de bienestar.
Pero durante el debate final surgieron cuestionamientos sobre las partidas destinadas a gratuidad universitaria.
El representante Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, votó en contra y denunció que los recursos para la gratuidad universitaria pasarían de 800.000 millones de pesos en 2026 a 400.000 millones en 2027, una reducción cercana al 51 %.
La denuncia merece atención, pero también una precisión: sin verificar la partida exacta y las demás fuentes que financian la gratuidad, no sería correcto afirmar que toda la política nacional perdió la mitad de sus recursos.
Esta diferencia resulta fundamental para evitar conclusiones apresuradas.
Aun así, la discusión pone sobre la mesa un problema que trasciende las cifras.
El acceso a la universidad constituye un avance social, pero la permanencia y la calidad también requieren financiación.
Un estudiante puede obtener gratuidad en la matrícula y seguir enfrentando dificultades de transporte, alimentación, vivienda, conectividad o sostenimiento.
Una universidad puede recibir más estudiantes, pero necesitar mejores laboratorios, docentes, bibliotecas e infraestructura para garantizar condiciones adecuadas de formación.
Por eso, ampliar cobertura sin fortalecer simultáneamente la capacidad institucional podría generar nuevas presiones sobre el sistema.
La verdadera democratización de la educación superior no consiste solamente en abrir las puertas de la universidad. Consiste en garantizar que quienes ingresan tengan condiciones reales para aprender, permanecer y graduarse.
El docente y la innovación: protagonistas de una transformación que necesita respaldo
Existe una dimensión de este debate que suele quedar relegada cuando se distribuyen los recursos nacionales: la capacidad de los docentes para transformar sus prácticas.
Los discursos sobre calidad educativa frecuentemente invocan la innovación, la investigación escolar, la inteligencia artificial, el pensamiento computacional y las competencias del siglo XXI.
Sin embargo, estas aspiraciones necesitan condiciones materiales y profesionales para hacerse realidad.
La formación continua debe trascender los cursos ocasionales. Los docentes necesitan oportunidades sostenidas de actualización, acompañamiento, investigación pedagógica y desarrollo profesional.
También requieren tiempo institucional, infraestructura y recursos para construir, implementar y evaluar nuevas estrategias de enseñanza.
Una política de innovación que entrega dispositivos, pero no financia formación, mantenimiento y acompañamiento, corre el riesgo de confundir modernización tecnológica con transformación pedagógica.
El presupuesto de 2027 debería evaluarse también desde esta perspectiva: ¿cuánto se destinará efectivamente al desarrollo profesional docente, a la investigación educativa y al fortalecimiento de experiencias pedagógicas que demuestren resultados?
No basta con reconocer al maestro como protagonista del cambio si sus posibilidades de actuar dependen principalmente de su esfuerzo personal.
La vocación docente puede impulsar transformaciones extraordinarias, pero no debería utilizarse para justificar la ausencia de condiciones institucionales.
Alimentación escolar: aprender también exige condiciones de vida dignas
La educación no ocurre al margen de la realidad social.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) representa una de las estrategias fundamentales para favorecer la permanencia y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Según el Ministerio de Educación, los recursos nacionales destinados al programa aumentaron cerca de un 38 %, de 2,1 billones de pesos en 2025 a cerca de 3 billones en 2026.
Es un avance relevante que merece ser reconocido.
Sin embargo, también debemos observar los resultados. En agosto de 2025, el mismo Ministerio había reconocido que, pese al aumento de recursos, 82 entidades territoriales registraban una reducción de cobertura que afectaba a más de 421.500 estudiantes.
El ejemplo demuestra algo esencial: aumentar el dinero disponible no garantiza automáticamente que la atención llegue a todos los beneficiarios.
En el caso del presupuesto 2027, aún es necesario verificar las asignaciones definitivas del programa y su distribución territorial antes de afirmar que experimentará un aumento o recorte específico.
La discusión debería concentrarse en la suficiencia de los recursos, la continuidad del servicio y la capacidad de las entidades territoriales para administrarlo.
Porque la alimentación escolar no puede evaluarse únicamente por el valor de los contratos. Debe evaluarse por su capacidad para llegar oportunamente a quienes la necesitan, con calidad y continuidad.
¿De qué sirve ampliar la cobertura educativa si no garantizamos condiciones mínimas para que los estudiantes puedan aprender?
La sostenibilidad fiscal también es un asunto educativo
Sería irresponsable analizar el presupuesto de educación sin observar la situación financiera del país.
De los 634,9 billones aprobados, cerca de 393 se destinan a funcionamiento, 147 al servicio de la deuda y alrededor de 95 a inversión, según la distribución divulgada tras la aprobación.
Por su parte, el Plan Financiero actualizado del propio Gobierno, que el Banco de la República comentó ante el Congreso, advierte que sin medidas correctivas el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central podría alcanzar el 9,4 % del PIB en 2027. El Gobierno aclaró que esa cifra no es una meta, sino un diagnóstico del riesgo; aun si el ajuste anunciado se aplicara por completo, el déficit total quedaría en 7,2 % del PIB, un nivel que el Banco considera todavía muy elevado.
Esto no significa que el déficit ya haya ocurrido, ni que una crisis educativa sea inevitable. Se trata de un escenario fiscal que depende de las decisiones y resultados económicos posteriores.
Sin embargo, revela una vulnerabilidad relevante.
Cuando las finanzas públicas enfrentan dificultades, los recursos destinados a nuevas inversiones pueden quedar expuestos a aplazamientos, restricciones o ajustes.
El Gobierno ha anunciado una ley de ajuste fiscal, orientada sobre todo a racionalizar el gasto, que podría modificar las condiciones de ejecución del presupuesto aprobado.
De ahí surge otra pregunta: ¿qué tan sólida es una política educativa cuyos compromisos de inversión pueden quedar sujetos a ajustes posteriores?
La responsabilidad fiscal y la educación no deberían plantearse como objetivos enfrentados.
Un Estado necesita estabilidad financiera para sostener sus obligaciones, pero también requiere invertir en capacidades humanas que permitan aumentar su productividad, bienestar y desarrollo futuro.
Reducir desperdicios, mejorar la contratación pública, evaluar programas ineficientes y fortalecer la transparencia son responsabilidades inaplazables.
Pero recortar inversión educativa sin evaluar sus consecuencias también puede producir costos sociales y económicos en el largo plazo.
La austeridad responsable no consiste simplemente en gastar menos. Consiste en proteger aquello que genera mayor valor público y evitar aquello que no demuestra resultados.
¿Qué deberíamos exigir como sociedad?
El presupuesto ya fue aprobado. Ahora comienza una discusión igualmente importante: cómo se ejecutará, qué programas serán priorizados y cuáles serán sus resultados.
Considero que Colombia necesita avanzar hacia una cultura de seguimiento presupuestal mucho más cercana a las comunidades educativas.
Las instituciones, organizaciones docentes, universidades, familias y ciudadanos deberían poder conocer, de manera clara y accesible, cuánto dinero fue apropiado, cuánto efectivamente se ejecutó y qué resultados produjo.
- No basta con anunciar recursos para infraestructura educativa. Debemos saber cuántas sedes mejoraron sus condiciones.
- No basta con informar sobre inversión tecnológica. Debemos conocer cuántos estudiantes accedieron efectivamente a mejores experiencias de aprendizaje.
- No basta con publicar cifras de formación docente. Debemos estudiar cómo esas experiencias modificaron las prácticas pedagógicas y contribuyeron a mejorar los aprendizajes.
- Tampoco basta con ampliar la cobertura universitaria. Debemos observar permanencia, graduación, bienestar y calidad.
Y resulta indispensable reconocer que los territorios no parten de las mismas condiciones. Una institución rural, una escuela urbana con alta vulnerabilidad social y una universidad regional enfrentan necesidades distintas.
La equidad presupuestal no siempre significa repartir cantidades iguales. Significa distribuir recursos considerando las diferencias reales para garantizar oportunidades más justas.
Quizá deberíamos incorporar una pregunta mucho más exigente en cada discusión presupuestal:
¿Qué desigualdad educativa concreta esperamos reducir con cada peso público invertido y cómo comprobaremos que efectivamente ocurrió?
La pregunta que Colombia no puede seguir aplazando
El presupuesto nacional de 2027 presenta elementos que merecen reconocimiento, entre ellos la financiación de obligaciones educativas previamente insuficientes y el incremento incorporado para inversión durante el trámite legislativo.
Pero también plantea preocupaciones legítimas sobre el espacio disponible para transformar el sistema, la sostenibilidad de los compromisos financieros y el futuro de programas esenciales.
Todavía no conocemos los resultados de su ejecución. Sería prematuro declararlo un éxito o un fracaso educativo.
Lo que sí conocemos es la magnitud de las necesidades que enfrentamos.
Por eso considero que el debate público debería superar la competencia por demostrar qué gobierno destinó más dinero a la educación.
La pregunta verdaderamente importante no es quién anunció la cifra más alta, sino quién logró convertir los recursos públicos en mejores oportunidades para aprender, investigar, crear y construir un proyecto de vida.
Una nación puede aumentar su presupuesto y continuar reproduciendo desigualdades. Puede inaugurar instituciones sin garantizar experiencias educativas pertinentes. Puede comprar tecnología sin desarrollar pensamiento crítico. Puede ampliar matrículas sin asegurar permanencia. Y puede hablar permanentemente de innovación mientras deja a sus maestros sin las condiciones necesarias para investigar y transformar sus aulas.
La educación representa mucho más que un sector dentro del presupuesto nacional. Es una de las principales capacidades que una sociedad construye para decidir qué futuro quiere y cómo espera alcanzarlo.
Por eso, ante la aprobación del presupuesto de 2027, quizá la reflexión más necesaria no sea cuánto dinero tendrá Colombia para educar, sino qué clase de país estamos construyendo con ese dinero.
Porque el verdadero costo de una inversión educativa insuficiente no siempre aparece en las cuentas de un año. Puede manifestarse durante décadas en las oportunidades que nunca llegaron a existir.
Y ese es, posiblemente, el presupuesto invisible que ninguna sociedad debería estar dispuesta a seguir pagando.
Fuentes consultadas
- Villar-Gómez, L. (2026, 1 de septiembre). Comentarios del gerente general del Banco de la República sobre el proyecto revisado del Presupuesto General de la Nación 2027. Banco de la República. Crecimiento presupuestal y escenarios fiscales.
- Cámara de Representantes. (2026). Presupuesto General de la Nación 2027. Expediente legislativo 152/2026C, 111/2026S.
- El Espectador. (2026, 28 de agosto). Proyecto de presupuesto de 2027 aumenta 2,8 % recursos de Mineducación. Distribución inicial entre funcionamiento e inversión.
- El País. (2026, 20 de octubre). El Congreso aprueba el presupuesto de 2027. Modificaciones, votaciones, distribución del gasto y cuestionamientos sobre gratuidad.
- IFM Noticias. (2026, 20 de octubre). Presupuesto 2027: educación subirá a $93 billones y el Congreso reconoció un faltante de $700.000 millones para las universidades públicas.
- OCDE. (2023). Resultados PISA 2022, nota país para Colombia. Indicadores internacionales de aprendizaje.
- Ministerio de Educación Nacional. (2026, 30 de julio). Inversión nacional del PAE alcanzó cerca de $3 billones en 2026, la cifra más alta de su historia.
- Cambio. (2025, agosto). El futuro del PAE en peligro: medidas del Gobierno para evitar crisis alimentaria en estudiantes vulnerables. Reducción de cobertura en 82 entidades territoriales.
Nota metodológica. Las cifras de las propuestas presupuestales iniciales se diferencian de las modificaciones conocidas tras la aprobación del Congreso. Al cierre de este artículo, la ley aún esperaba la sanción presidencial. Las asignaciones finales por programa deberán contrastarse con la ley sancionada, el decreto de liquidación y sus anexos. Las conclusiones sobre efectos educativos son valoraciones prospectivas, no resultados observados de 2027.
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