Colombia necesita un ajuste fiscal. La pregunta es quién lo paga

Imagine un hogar que recibe 2,9 millones de pesos al mes y gasta más de 4 millones. Al principio, la diferencia se cubre con la tarjeta de crédito. Después, con préstamos nuevos para pagar los anteriores. Y un día ese hogar descubre que una parte cada vez mayor de su ingreso ya no alcanza para el mercado, los servicios o el colegio de los hijos, porque se va en intereses.

Multiplique esas cifras por diez millones y tendrá el retrato que el propio Ministerio de Hacienda hace hoy del Estado colombiano: recibe en promedio 29 billones de pesos al mes y gasta más de 40 billones.

La comparación tiene límites. Un Estado no es una familia: cobra impuestos, puede refinanciar su deuda y su gasto es, al mismo tiempo, el salario de un maestro, la consulta de un paciente y el contrato de un constructor. Pero sirve para entender lo esencial: cuando el faltante deja de ser ocasional y se vuelve permanente, alguien termina pagando la cuenta.

Por eso esta discusión no es un asunto exclusivo de economistas. Habla del precio del mercado, del salario que llega a fin de mes, del colegio del barrio y del puesto de salud. Y plantea dos preguntas distintas que conviene no mezclar: ¿era necesario un ajuste? y ¿quién debe asumir su costo?

La evidencia responde la primera con bastante claridad. La segunda es la que de verdad está en juego.

Cinco cifras para entender la crisis en un minuto

• 634,9 billones de pesos es el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2027.
• Casi uno de cada cuatro pesos de ese presupuesto (alrededor de 147 billones) se irá en el servicio de la deuda: una vez y media lo que se destinará a inversión (cerca de 95 billones).
• Uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina hoy al pago de la deuda, según el Ministerio de Hacienda. Hace diez años era uno de cada seis.
• Cerca del 10 % del PIB sería el déficit total del Gobierno Nacional Central en 2027 si no se toman medidas, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
• 67,3 % del PIB alcanzaría la deuda neta ese mismo año, cerca del límite del 71 % que fija la Regla Fiscal.

Cada peso que se va en intereses es un peso que no llega a un aula, a un hospital o a una carretera.

Tres conceptos que conviene no confundir

Para seguir este debate sin perderse hay que distinguir tres ideas que a menudo se usan como sinónimos.

El presupuesto es el plan del año: los recursos que el Gobierno espera obtener y los gastos que el Congreso le autoriza a realizar.

El déficit es el faltante de un año: la diferencia entre lo que el Estado recibe y lo que gasta. Cuando los ingresos no alcanzan, hay que pedir prestado, recortar o hacer ambas cosas.

La deuda es la suma de los faltantes acumulados. Y el servicio de la deuda es lo que se paga cada año por ella, en intereses y abonos a capital; por eso no debe confundirse con el déficit.

Tener déficit en un año difícil no es, por sí solo, el problema. El problema aparece cuando la diferencia deja de ser temporal y se convierte en una característica permanente de las finanzas públicas.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

El 27 de agosto, el Gobierno radicó un proyecto de presupuesto para 2027 por 634,9 billones: 392,6 para funcionamiento, 87 para inversión y 155,4 para el servicio de la deuda, según el análisis del Banco de la República. Durante el trámite, el Congreso mantuvo el total, pero redujo en cerca de 8,4 billones el pago de deuda y aumentó la inversión. Lo que esa decisión significa para la escuela y la universidad lo analicé en un artículo anterior.

Pero las cifras de un solo año no explican el problema. El desequilibrio se acumuló durante años y no puede atribuirse a una sola administración. Sus causas combinan cuatro factores.

Primero, un gasto permanente que crece más rápido que los ingresos. Pensiones, salud, transferencias a los territorios, nómina y subsidios generan obligaciones que se repiten cada año. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el gasto de funcionamiento del Gobierno Nacional Central pasó de 14,0 % del PIB en 2019 a 17,2 % en 2025, mientras la inversión se quedó en 2,7 %.

Segundo, ingresos que no alcanzan para esas obligaciones. Las reformas tributarias han traído recursos nuevos, pero no siempre suficientes ni permanentes para financiar compromisos que sí lo son.

Tercero, el peso creciente de la deuda. Entre más se debe, mayor es la parte del presupuesto que se va en pagarla y menor el margen para todo lo demás. Además, como advierte el CARF, deuda y déficit se retroalimentan: cuando el riesgo sube, prestar al país se vuelve más caro.

Cuarto, fallas de planeación. Presupuestar con ingresos que luego no llegan agrava el desequilibrio. El Ministerio de Hacienda calcula que en 2024 los ingresos se sobrestimaron en 70,2 billones de pesos.

El actual Gobierno atribuye buena parte del deterioro a la administración que lo precedió; el CARF, por su parte, venía advirtiendo inconsistencias entre el gasto programado y las fuentes para financiarlo. Más allá de esa disputa, el diagnóstico de fondo coincide: no es solo que Colombia recaude poco ni que el Estado gaste demasiado. El problema es que no existe una correspondencia sostenible entre los ingresos disponibles y las obligaciones que deben financiarse.

Por eso la necesidad del ajuste está respaldada técnicamente. Lo que sigue abierto al debate es su diseño.

¿Qué propone la Ley de Rescate Económico?

El 29 de octubre de 2026, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley 477 de 2026, llamado Ley de Rescate Económico. A comienzos de noviembre estaba en trámite en comisión. La iniciativa interviene al mismo tiempo los gastos y los ingresos del Estado, y el Gobierno sostiene que cerca del 70 % del ajuste provendría de reducir el gasto.

Menos gasto del Estado

• Reducir a la mitad, entre 2026 y 2027, el costo de los contratos de prestación de servicios. En 2025 se firmaron 177.000 de estos contratos en el orden nacional, frente a 120.000 en 2018.
• Revisar más de 250 transferencias y 50 fondos especiales que, según el Gobierno, dispersan el gasto.
• Racionalizar las compras estatales, reorganizar entidades, contener los gastos de personal y vender activos improductivos.

El Ministerio afirma que la salud, la educación básica, el agua potable y las pensiones quedan protegidas.

Cambios en el impuesto de renta de las personas

El proyecto crea un tramo nuevo, con tarifa marginal del 9 %, para las rentas líquidas gravables entre 720 y 1.090 UVT. En la práctica, según la simulación de la exposición de motivos, el ingreso laboral a partir del cual se empieza a pagar efectivamente el impuesto bajaría de cerca de 9 millones de pesos mensuales a cerca de 5,5 millones.

Conviene leer bien esa cifra. Al cruzar el umbral, la tarifa efectiva estimada es inferior al 0,5 % del ingreso (el equivalente a menos de 27.500 pesos al mes en un salario de 5,5 millones), y para un ingreso de 10 millones se mantendría por debajo del 3 %, siempre que el contribuyente use los beneficios tributarios habituales. El cálculo depende de la situación de cada persona: no todos los que ganan lo mismo pagarían lo mismo.

El proyecto también reduce exenciones para las personas de mayores ingresos y eleva las tarifas para quienes ganan más de 50 millones mensuales.

Cambios en el IVA

• Se elimina la tarifa reducida del 5 %: la mayoría de esos bienes y servicios pasaría a la tarifa general del 19 %.
• Algunos productos hoy excluidos o exentos también pasarían al 19 %, entre ellos alimentos procesados, equipos tecnológicos, servicios digitales, bienes culturales y recreativos y servicios de conectividad.
• Seguirían sin IVA, entre otros, el arroz, el pan, la papa, la yuca, los huevos, las carnes, los lácteos y los medicamentos, así como la salud, la educación, el transporte, los servicios públicos y el arriendo de vivienda.
• La ampliación del IVA empezaría el 1 de enero de 2028.

EfectIVA: la devolución a los hogares de menores ingresos

Para compensar, el proyecto crea EfectIVA, un mecanismo para que la carga del IVA recaiga solo sobre quienes tienen capacidad de pago.

• Cerca de 19 millones de personas (18,9 millones, según el proyecto) recibirían la devolución total del IVA que pagan. Hoy, un hogar en situación de pobreza paga en promedio 138.000 pesos mensuales de IVA.
• Otros 16,3 millones recibirían una devolución de hasta el 50 %, según su nivel de ingresos.
• La devolución se calcularía con las facturas electrónicas expedidas a nombre de cada persona, con pagos cada dos semanas como máximo y un monto fijo para quienes tengan problemas de acceso o de conectividad.
• EfectIVA comenzaría el 1 de enero de 2028, al mismo tiempo que la ampliación del IVA, con un anticipo en diciembre de 2027.

Incentivos a las empresas

• La tarifa general del impuesto de renta empresarial bajaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. El Gobierno compara el 35 % actual con un promedio de 24,2 % en la OCDE y la región.
• Se crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), con incentivos y estabilidad jurídica para inversiones de gran tamaño.
• Se incluyen medidas contra la evasión y el contrabando.

La lógica es combinar menos gasto, más ingresos de algunas fuentes y estímulos a la actividad económica. Con el paquete completo, el Gobierno proyecta que la deuda neta se mantendría alrededor del 64,2 % del PIB hasta 2030; sin él, llegaría al 82,1 %.

Lo que podemos concluir, medida por medida

Una evaluación rigurosa exige reconocer tanto los fundamentos como las dificultades de cada propuesta.

Recortar gasto puede sanear las finanzas, pero todo depende de qué se recorta. Eliminar duplicidades, gastos innecesarios o programas sin resultados demostrables genera ahorros. Pero el gasto de funcionamiento no es solo burocracia prescindible: también paga capacidades institucionales y servicios necesarios. Detrás de muchos de esos 177.000 contratos hay personas que sostienen tareas cotidianas del Estado. La pregunta relevante no es solo cuánto se ahorra, sino qué deja de hacerse con ese ahorro.

Ampliar el IVA aumenta el recaudo, pero la compensación tiene que funcionar en la vida real. Cuando el IVA recae sobre bienes de consumo frecuente, pesa proporcionalmente más en los hogares pobres. EfectIVA busca corregir ese efecto y su diseño es ambicioso. Pero piense en una señora que hace el mercado en la tienda de la esquina, donde nadie expide factura electrónica. Para ella, la progresividad de la reforma no dependerá del texto de la ley, sino de que la devolución llegue completa, a tiempo y sin trámites imposibles. El proyecto prevé un monto fijo para esos casos; habrá que comprobar si alcanza.

Bajar el umbral de renta exige mirar la capacidad real de pago. El ingreso mensual es una referencia importante, pero no cuenta toda la historia. Dos trabajadores con el mismo salario pueden vivir situaciones muy distintas por sus hijos, sus padres a cargo o sus deudas. La evaluación debe considerar tanto el recaudo adicional como la manera en que se reparten las nuevas cargas entre los distintos niveles de ingreso.

Bajar el impuesto a las empresas puede estimular la inversión, pero el resultado no es automático. Una tarifa menor aumenta la rentabilidad esperada, pero la inversión también depende de la demanda, el crédito, la productividad, la infraestructura y la confianza. Además, en medio de un déficit, cada punto de tarifa que se reduce es recaudo al que se renuncia. El Gobierno estima que el paquete salvaría unos 600.000 empleos hacia 2030; es una proyección que solo los resultados en inversión, empleo y producción podrán confirmar.

Combatir la evasión es justo, pero no se puede gastar lo que aún no se ha recaudado. Fortalecer la DIAN puede recuperar recursos y mejorar el cumplimiento. Pero las metas deben apoyarse en capacidades reales, instrumentos de control y resultados medibles.

Las cifras de impacto son, por ahora, del propio Gobierno. La exposición de motivos afirma que el 10 % de los hogares de mayores ingresos aportaría cerca del 97 % del recaudo que recae sobre los hogares, y que el 68 % de las personas de menores ingresos vería crecer su ingreso, en promedio, un 4,7 %. Son simulaciones oficiales que merecen contrastarse con análisis independientes antes de darlas por hechas.

¿Quién debe pagar?

La necesidad de estabilizar la deuda y reducir el déficit está respaldada por las advertencias de los organismos técnicos. Pero esa necesidad no define, por sí sola, la combinación de impuestos, recortes e incentivos.

El diagnóstico fiscal dice cuánto hay que corregir. La política decide quién carga con el esfuerzo.

Esa distinción lo cambia todo.

• Si el ajuste se apoya en el IVA, hay que medir su efecto en cada tipo de hogar.
• Si recae en los trabajadores formales, hay que ver cómo cambia su ingreso disponible.
• Si privilegia los recortes, hay que verificar qué servicios pueden mantener su calidad con menos recursos.
• Y si concede beneficios a las empresas, hay que comprobar qué resultados justifican su costo fiscal.

Ninguna alternativa está libre de consecuencias. Tampoco es cierto que los objetivos fiscales y sociales sean enemigos: unas finanzas sostenibles protegen la capacidad futura del Estado para financiar educación, salud, infraestructura y protección social. Pero recortar inversiones productivas o servicios esenciales también puede frenar el crecimiento de mañana. Por eso el ajuste no puede evaluarse solo por el saldo presupuestal del año siguiente.

Tres preguntas que deberían orientar el debate nacional

1. ¿Qué parte del desequilibrio puede corregirse gastando mejor y qué parte exige ingresos permanentes nuevos? Responderla requiere evaluaciones independientes de los programas públicos, ahorros cuantificados y estimaciones realistas del recaudo.
2. ¿Cómo garantizar que las nuevas cargas correspondan a la capacidad económica de quien las asume? La progresividad debe comprobarse con el efecto conjunto de impuestos, devoluciones, beneficios y recortes.
3. ¿Cómo asegurar que el ajuste resuelva problemas estructurales y no traslade las obligaciones a los gobiernos futuros? Las medidas transitorias alivian lo inmediato, pero estabilizar la deuda exige resultados sostenidos. El CARF lo advirtió con claridad: la corrección no puede descansar en medidas transitorias ni en aplazamientos presupuestales.

Conclusiones: más allá de aprobar o rechazar una reforma

Los datos disponibles permiten cuatro conclusiones.

La primera: Colombia necesitaba una corrección fiscal. Los niveles proyectados de déficit y deuda justifican medidas que reduzcan la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

La segunda: la necesidad del ajuste no demuestra que cada medida propuesta sea indispensable. Impuestos, recortes e incentivos deben evaluarse uno por uno, según sus efectos fiscales, económicos y distributivos.

La tercera: repartir el esfuerzo es la decisión central. Distintas combinaciones de medidas trasladan los costos a grupos distintos de ciudadanos, empresas e instituciones.

La cuarta: la reforma debe juzgarse por sus resultados y no solo por sus estimaciones: recaudo efectivo, reducción del déficit, sostenibilidad de la deuda, empleo, inversión, distribución del ingreso y calidad de los servicios públicos.

Quizá el mayor aporte de esta discusión sea dejar atrás una pregunta demasiado estrecha: ¿más impuestos o menos Estado? La pregunta de fondo es otra: ¿qué combinación de decisiones permite sostener las finanzas públicas, repartir con justicia sus costos y preservar las condiciones para que el país se desarrolle?

Porque una reforma fiscal no es solo una operación para cuadrar ingresos y gastos. Es también una decisión sobre cómo se distribuyen los recursos, las responsabilidades y las oportunidades de una sociedad.

Colombia necesita que sus cuentas sean sostenibles. El desafío es demostrar que las decisiones para lograrlo también lo sean, económica y socialmente.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos?

• Leer la fuente. El proyecto radicado y su exposición de motivos son públicos. No hace falta ser economista para revisar qué bienes cambiarían de tarifa o cómo funcionaría la devolución.
• Desconfiar de las cifras sin fuente, incluidas las de este artículo. Por eso cada dato remite a su documento original.
• Seguir el trámite. El proyecto apenas empieza su paso por el Congreso y puede cambiar. Lo que hoy se discute todavía no es ley.
• Conversar con argumentos. Si este análisis le sirvió, compártalo con alguien que necesite entender la reforma antes de opinar sobre ella.

Fuentes consultadas

• Comité Autónomo de la Regla Fiscal. (2026, 10 de septiembre). Comunicado n.º 37: el proyecto de PGN 2027 pone de manifiesto la necesidad inminente de implementar medidas estructurales de ajuste. Déficit, deuda neta y riesgos fiscales de 2027.
• Villar-Gómez, L. (2026, 1 de septiembre). Comentarios del gerente general del Banco de la República sobre el proyecto revisado del Presupuesto General de la Nación 2027. Banco de la República. Distribución del proyecto revisado y escenarios del Plan Financiero.
• Cámara de Representantes. (2026). Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, Ley de Rescate Económico. Ficha y estado del trámite legislativo.
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026, 29 de octubre). Proyecto de ley «Por la cual se expide la Ley de Rescate Económico» y exposición de motivos. Texto radicado ante la Cámara de Representantes.
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026, 29 de octubre). La Ley de Rescate Económico le devolverá el IVA a 19 millones de colombianos.
• Suárez, M. C. (2026, 14 de octubre). Presupuesto 2027 llega a plenarias: se mantiene en COP$634,9 billones, pero con COP$8,4 billones menos para deuda. Bloomberg Línea.
• Portafolio. (2026, 20 de octubre). Un primer paso [Editorial]. Distribución del presupuesto aprobado.

Nota metodológica. El artículo distingue entre el presupuesto aprobado, el proyecto revisado que comentó el Banco de la República, los escenarios que proyectan los organismos técnicos y las medidas de un proyecto de ley que todavía se discute en el Congreso. Las estimaciones de impacto en hogares, empleo e inversión provienen de las simulaciones del Gobierno en la exposición de motivos. Los impactos futuros no se presentan como hechos consumados. Cifras verificadas el 3 de noviembre de 2026.