Colombia, las Américas y el mundo en 2026: una década de cambios, avances y deudas pendientes
Diez años después del estudio Colombia, las Américas y el mundo 2015, el país es más urbano, conectado y diverso, pero continúa enfrentando profundas brechas educativas, territoriales y económicas. Esta actualización no reemplaza aquella encuesta: confronta sus preguntas con los indicadores oficiales más recientes disponibles en 2026.
Una sociedad no se transforma solamente cuando cambian sus cifras, sino cuando aprende a comprenderlas y a convertirlas en decisiones colectivas.
Una fotografía de 2015 mirada desde 2026
En 2020 publiqué una síntesis del estudio Colombia, las Américas y el mundo 2015: opinión pública y política exterior, elaborado por Arlene B. Tickner, Yamile Carolina Cepeda, Vladimir Rouvinski y Juan Pablo Milanese. Aquella investigación examinó cómo los colombianos entendían su identidad, la democracia, la globalización, la migración, los derechos humanos, las relaciones con América Latina y el vínculo con Estados Unidos.
El documento sigue siendo valioso, pero sus porcentajes describen a la Colombia de 2015. No deben presentarse como si explicaran automáticamente el país de 2026. Tampoco existe, hasta la fecha de esta actualización, una nueva edición colombiana plenamente comparable que permita sustituir cada resultado de 2015 por otro de 2026. Por esa razón, este texto adopta un enfoque distinto: conserva las grandes preguntas de la investigación original y las contrasta con los datos oficiales más recientes del DANE, el Ministerio de Educación, la OCDE, Migración Colombia, el Ministerio de Comercio, Naciones Unidas y otros organismos especializados.
La comparación deja una conclusión inicial: Colombia avanzó en acceso educativo, conectividad y reducción de la pobreza, pero los beneficios siguen distribuyéndose de manera desigual. El lugar de nacimiento, el territorio, el género, la condición migratoria y el nivel educativo continúan influyendo demasiado en las oportunidades reales de una persona.
Educación: más acceso, pero no las mismas oportunidades
Uno de los problemas centrales señalados en el texto de 2015 era el bajo nivel educativo de buena parte de la población. En 2026 el panorama es distinto, aunque todavía contradictorio.
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025, la asistencia escolar supera el 96 % entre los niños de 6 a 14 años. Sin embargo, disminuye al 87,8 % entre los adolescentes de 15 y 16 años, y cae al 48,4 % entre los jóvenes de 17 a 21 años. La ruptura no ocurre principalmente al comienzo de la escolaridad, sino en el tránsito hacia la educación media y superior.
La misma encuesta muestra que el 37,6 % de las personas entre 17 y 21 años había alcanzado algún nivel de educación superior en 2025. El promedio nacional oculta una brecha territorial decisiva: el indicador llegó al 44,7 % en las cabeceras, pero fue de apenas 16 % en los centros poblados y zonas rurales dispersas. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que la tasa de cobertura bruta en educación superior fue de 57,53 % en 2024. Las dos cifras no son contradictorias, porque miden fenómenos diferentes, pero juntas revelan que ampliar matrículas no garantiza por sí solo ingreso oportuno, permanencia, graduación ni equidad territorial.
También persiste una deuda de calidad. En PISA 2022, la evaluación internacional más reciente con resultados publicados, apenas el 29 % de los estudiantes colombianos alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en matemáticas. En lectura y ciencias lo consiguió el 49 %. La OCDE señala, además, que el desempeño promedio de Colombia permaneció prácticamente estable frente a 2018 y continuó por debajo de su promedio en las tres áreas.
El país, entonces, ya no puede limitar su debate educativo a cuántos estudiantes entran al sistema. La pregunta de 2026 es más exigente: ¿qué aprenden, cuánto tiempo permanecen, en qué condiciones estudian y qué oportunidades encuentran al terminar?
De la brecha de acceso a la brecha de uso digital
En 2015 el acceso a internet todavía diferenciaba claramente a quienes podían acercarse a la información global. En 2025, el 82,3 % de las personas de cinco años o más utilizó internet y el 73,9 % de los hogares contó con conexión. Es un progreso importante.
Sin embargo, solo el 36,1 % de las personas usó un computador. La diferencia entre conexión y capacidad digital es fundamental. Tener un teléfono con datos no equivale a disponer de un equipo apropiado, conectividad estable, pensamiento crítico, dominio de herramientas de productividad o habilidades para crear conocimiento.
A esta brecha se suma una transformación que el estudio de 2015 apenas podía anticipar: las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial intervienen hoy en la manera como se construyen la identidad, la opinión política y la visión del mundo. La abundancia de información no ha eliminado la desinformación. Por el contrario, obliga a la escuela a enseñar verificación de fuentes, lectura crítica, seguridad digital, ciudadanía en línea y uso ético de la inteligencia artificial.
La nueva alfabetización no consiste solamente en aprender a manejar dispositivos. Consiste en comprender quién produce la información, con qué propósito circula, cómo se manipula la atención y qué consecuencias tiene compartir un contenido falso.
Pobreza e inequidad: avances reales, fragilidades persistentes
La comparación económica también exige equilibrio. Colombia registró en 2025 una pobreza monetaria de 28 %, frente al 31,8 % de 2024. La pobreza monetaria extrema bajó del 11,7 % al 9,6 %, mientras el coeficiente de Gini pasó de 0,551 a 0,531. La pobreza multidimensional también descendió, de 11,5 % en 2024 a 9,9 % en 2025.
Estos resultados representan avances verificables y no deberían minimizarse. Millones de personas mejoraron su situación de ingreso o superaron privaciones que afectan su calidad de vida. Sin embargo, el promedio nacional vuelve a ocultar realidades muy distintas. En 2025 la pobreza monetaria fue del 24,6 % en las cabeceras y del 39,5 % en los centros poblados y zonas rurales dispersas. Quibdó registró 61,7 %, mientras Manizales presentó 13,2 %.
La educación mantiene una asociación poderosa con las condiciones económicas. De acuerdo con el DANE, la incidencia de pobreza fue del 37,8 % entre las personas pertenecientes a hogares cuyo jefe no tenía estudios o solo había alcanzado primaria. Cuando el jefe del hogar contaba con formación universitaria o de posgrado, el indicador se redujo al 6 %.
No se trata de afirmar que un título garantiza bienestar ni que la pobreza sea responsabilidad de quien la padece. Las oportunidades laborales, la estructura productiva, la informalidad, el territorio y las políticas sociales también son determinantes. La evidencia sí confirma que una educación pertinente, continua y de calidad continúa siendo una de las herramientas más fuertes para disminuir la reproducción intergeneracional de la desigualdad.
Democracia: valorada, pero sostenida sobre una confianza frágil
El estudio de 2015 mostraba apoyo a la democracia y, al mismo tiempo, desconfianza frente a las instituciones y las reglas. Esa tensión persiste.
La Encuesta de Cultura Política de 2023, la más reciente publicada por el DANE, encontró que el 76,2 % de las personas mayores de edad consideraba importante vivir en un país democrático y que el 84,8 % se había sentido seguro al votar en las elecciones de 2022. Son señales positivas. No obstante, solo el 36,3 % creía que en Colombia se protegían y garantizaban los derechos de las minorías étnicas y sociales.
La confianza institucional también era limitada. Las Fuerzas Militares fueron la institución con mayor confianza, pero apenas alcanzaron el 24,9 %. Además, solo el 18,7 % consideró fácil o muy fácil organizarse con otras personas para trabajar por una causa común. En otras palabras, la democracia se valora como principio, pero la confianza necesaria para ejercerla de manera cotidiana continúa debilitada.
En las elecciones al Congreso de 2026 la participación superó el 50 %, más de tres puntos porcentuales por encima de 2022. Ese aumento importa, pero votar es solo una dimensión de la ciudadanía. Una democracia sólida también requiere control social, participación comunitaria, libertad de prensa, respeto a la oposición, protección de las minorías y capacidad para debatir sin convertir al contradictor en enemigo.
La nueva alternancia presidencial de 2026 confirmó que las instituciones electorales siguen siendo el camino legítimo para resolver la competencia por el poder. El reto comienza después de las urnas: disminuir la polarización, proteger la independencia institucional y recuperar la idea de que el país no puede construirse únicamente para quienes ganan una elección.
Identidad colombiana en una sociedad más plural
En 2015 el orgullo nacional, el lugar de nacimiento y el respeto por los símbolos patrios aparecían como elementos importantes de la identidad colombiana. En 2026 esas referencias no han desaparecido, pero conviven con una sociedad más diversa, conectada y móvil.
La identidad se expresa hoy en la pertenencia regional, las comunidades étnicas, las culturas juveniles, los movimientos sociales, la diáspora, las comunidades digitales y las experiencias de millones de migrantes que viven en Colombia. Ser colombiano no puede reducirse a una sola religión, una única posición política o una forma homogénea de entender la familia y la cultura.
Este reconocimiento no debilita la unidad nacional. La fortalece, porque permite construir pertenencia sin exigir uniformidad. Una nación democrática no es aquella en la que todos piensan igual, sino aquella capaz de convertir sus diferencias en convivencia, creación cultural y deliberación pública.
Migración: Colombia dejó de ser solamente un país de salida
El informe de 2015 se concentraba en los colombianos que emigraban y en quienes regresaban. Durante la última década el mapa migratorio cambió de manera profunda. Colombia continuó siendo un país de emigración, pero se convirtió también en el principal territorio de acogida para la población venezolana.
La actualización oficial de julio de 2025 registró 2.828.195 refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Esta realidad transformó escuelas, barrios, servicios de salud, mercados laborales y comunidades fronterizas. También demostró que la migración no puede abordarse únicamente como un problema de control. Exige regularización, integración económica, prevención de la xenofobia y garantía de derechos, particularmente para niños, niñas y adolescentes.
Al mismo tiempo, la diáspora colombiana tiene un peso económico creciente. El país recibió 13.098 millones de dólares en remesas durante 2025, un aumento del 10,6 % frente al año anterior. Esos recursos sostienen el consumo y mejoran la vida de muchos hogares, pero también revelan la dependencia de ingresos generados por familiares que tuvieron que buscar oportunidades fuera del país.
La movilidad contemporánea obliga a superar dos estereotipos: el migrante no es por definición una amenaza y quien emigra no deja de pertenecer a la nación. Colombia necesita una política migratoria que combine seguridad, humanidad, integración y cooperación internacional.
Estados Unidos, China y una relación exterior más compleja
En 2015 la política exterior colombiana se interpretaba principalmente a través de la relación con Estados Unidos. Ese vínculo continúa siendo decisivo. En 2024, Estados Unidos recibió el 28,9 % de todas las exportaciones colombianas y en 2025 concentró el 31,7 % de las exportaciones no minero-energéticas.
China, sin embargo, adquirió una relevancia imposible de ignorar. En 2025 fue el origen del 27,5 % de las importaciones colombianas. Esto muestra una estructura dual: Estados Unidos conserva un peso central como destino comercial, socio político y fuente de cooperación, mientras China ocupa un lugar creciente como proveedor, inversionista y actor estratégico.
La discusión ya no puede reducirse a escoger entre Washington y Beijing. Colombia necesita diversificar mercados, proteger sectores productivos sensibles, agregar valor a sus exportaciones, fortalecer su industria y negociar con autonomía. La inserción internacional será beneficiosa si mejora la productividad, el empleo y la capacidad científica del país, no si conserva una economía dependiente de materias primas y bienes importados de mayor complejidad.
La globalización de 2026 tampoco se limita a los tratados de libre comercio. Incluye cadenas de suministro, servicios digitales, datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, transición energética y competencia por minerales estratégicos. La soberanía contemporánea depende tanto del territorio como del conocimiento y de la capacidad tecnológica.
Paz, derechos humanos y narcotráfico: la contradicción que permanece
El Acuerdo de Paz de 2016 modificó la imagen internacional de Colombia y abrió oportunidades que el estudio de 2015 apenas alcanzaba a anticipar. En julio de 2026, Naciones Unidas sostuvo ante el Consejo de Seguridad que el acuerdo había permitido el periodo de paz más prolongado del país en décadas y que seguía siendo el marco integral para construir una paz duradera.
Ese reconocimiento no significa que el conflicto haya terminado. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 99 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y 53 masacres con 174 víctimas durante 2025. La violencia continúa concentrándose en territorios donde confluyen economías ilegales, débil presencia estatal, disputas armadas y exclusión histórica.
El narcotráfico sigue siendo una de las mayores contradicciones nacionales. El informe de monitoreo presentado por el Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, 3,5 % más que en 2023. La persistencia de esta economía demuestra que la respuesta no puede depender únicamente de erradicación e incautaciones. Se requieren vías terciarias, crédito, comercialización, justicia, seguridad para las comunidades y alternativas productivas sostenibles.
La paz debe medirse en la vida cotidiana: una escuela que no cierra por amenazas, un líder que puede ejercer su labor, una familia que no es desplazada y una comunidad que encuentra en la economía legal una opción real de futuro.
Cambio climático y biodiversidad: de preocupación a prioridad nacional
En 2015 el cambio climático ya aparecía entre los asuntos que más preocupaban a los colombianos. En 2026 dejó de ser una amenaza lejana. Inundaciones, sequías, deslizamientos, incendios forestales, afectaciones agrícolas y crisis de abastecimiento muestran que el clima influye directamente en la economía, la salud, la infraestructura y la educación.
Colombia también fortaleció su capacidad de liderazgo ambiental. La realización de la COP16 de biodiversidad en Cali, en 2024, reunió a 170 delegaciones oficiales y produjo decisiones relevantes, entre ellas un órgano permanente para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, el reconocimiento del papel de las comunidades afrodescendientes y la creación del Fondo Cali para compartir beneficios derivados del uso de información genética digital.
Este protagonismo constituye una forma de poder blando, pero solo será sostenible si los compromisos internacionales se convierten en protección efectiva de ecosistemas, reducción de la deforestación, financiación climática y oportunidades dignas para las comunidades que cuidan el territorio.
¿Qué significa todo esto para la educación?
La escuela colombiana no está separada de la política exterior, la migración, la desigualdad o la crisis climática. Todos esos procesos entran al aula a través de la vida de los estudiantes.
Por eso, una educación pertinente para 2026 debería asumir al menos seis responsabilidades:
- Formar pensamiento crítico, para diferenciar evidencia, opinión, propaganda y desinformación.
- Cerrar la brecha digital, no solo mediante conectividad, sino con equipos, formación docente, programación, análisis de datos y uso ético de la inteligencia artificial.
- Educar para la democracia, mediante la participación real, el respeto por la diferencia y la resolución pacífica de conflictos.
- Construir ciudadanía global, fortaleciendo idiomas, conocimiento de América Latina, comprensión de la economía mundial y cooperación científica.
- Integrar a la población migrante, evitando la discriminación y reconociendo la diversidad cultural como oportunidad pedagógica.
- Convertir la sostenibilidad en experiencia, conectando el currículo con el agua, la biodiversidad, la energía, el territorio y los problemas ambientales de cada comunidad.
La educación no puede resolver por sí sola todas las fracturas del país, pero ninguna transformación profunda será sostenible sin ella.
Conclusión: Colombia cambió, pero la tarea continúa
La Colombia de 2026 no es la misma que fue observada en 2015. Hay más conectividad, mayor acceso a la educación superior, reducción reciente de la pobreza y una sociedad más consciente de su diversidad. El país también ganó visibilidad internacional por la paz, la biodiversidad y su capacidad de interlocución regional.
Al mismo tiempo, permanecen desafíos estructurales: desigualdad territorial, bajos aprendizajes, fragilidad de la confianza institucional, violencia contra líderes sociales, economías ilegales, dependencia productiva y una profunda polarización política.
La actualización más importante no consiste en cambiar los números de un artículo antiguo. Consiste en cambiar la manera como los interpretamos. Los datos no deberían utilizarse para confirmar prejuicios ni para negar los avances del adversario. Deben servir para reconocer lo que mejoró, identificar lo que continúa fallando y tomar decisiones públicas capaces de sostenerse más allá de un gobierno.
Colombia no está condenada al pesimismo, pero tampoco puede vivir de optimismos sin evidencia. Su mayor posibilidad está en una ciudadanía educada, crítica y solidaria, capaz de comprender que el país se construye desde el aula y el territorio, pero también desde su relación con las Américas y con un mundo cada vez más interdependiente.
Fuentes consultadas
- Tickner, A. B., Cepeda, Y. C., Rouvinski, V. y Milanese, J. P. (2016). Colombia, las Américas y el mundo 2015: opinión pública y política exterior.
- DANE. (2026). Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025.
- DANE. (2026). Pobreza monetaria en Colombia 2025.
- DANE. (2026). Pobreza multidimensional 2025.
- DANE. (2024). Encuesta de Cultura Política 2023.
- Ministerio de Educación Nacional, SNIES. (2025). Información estadística de educación superior 2024.
- OCDE. (2023). PISA 2022, nota país para Colombia.
- Registraduría Nacional. (2026). Participación en las elecciones al Congreso de 2026.
- R4V. (2025). Refugiados y migrantes de Venezuela en Colombia.
- Migración Colombia. (2026). Balance de movilidad internacional 2025.
- Migración Colombia. (2026). Remesas recibidas por Colombia en 2025.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2025). Relación comercial de Colombia con Estados Unidos.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2026). Exportaciones no minero-energéticas de Colombia en 2025.
- DANE. (2026). Importaciones de Colombia, diciembre de 2025.
- Naciones Unidas. (2026). Sesión del Consejo de Seguridad sobre el proceso de paz de Colombia.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2026). Actualización sobre derechos humanos en Colombia.
- Ministerio de Justicia y UNODC. (2026). Informe de monitoreo de cultivos de coca 2024.
- Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2024-2025). Resultados de la COP16 de Cali.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). Logros de la COP16 de Cali.
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